Por qué estamos en contra del Informe de la CNMC

Por qué estamos en contra del Informe de la CNMC

Que el informe de la CNMC del pasado mes de julio ha tenido numerosas críticas, es un hecho evidente. Desde muchos colectivos distintos de nuestra sociedad se han vertido críticas a dicho informe y con distintos argumentos se ha contestado a lo que la CNMC propone en sus conclusiones y recomendaciones.

En nuestro caso hemos emitido varias notas de prensa en solitario o conjuntamente con otras Asociaciones, en las que exponíamos nuestras razones para discrepar de la CNMC. Sin embargo, nos parece oportuno aclarar, aún más, una serie de puntos para mejor comprensión de la situación en general. En primer lugar, tendríamos que remontarnos unos años atrás, al año 2.012, concretamente al mes de octubre, mes en el que las extintas CNC y CNE emitieron sendos informes sobre nuestro sector, que posteriormente se convirtieron en el soporte de la reforma llevada a cabo mediante la publicación del RD 4/2013, tramitado como Ley y que se aprobó como Ley 11/2013.

En éstos informes, convertidos luego en Ley, se exponía la urgente necesidad, así se justificaban algunas de las modificaciones, de que, junto a otras medidas, se instalaran más gasolineras para mejorar la competencia en el sector. Para ello se proponía que los usos establecidos en los Planes Generales de Urbanismo para parcelas comerciales o industriales, fueran compatibles con el uso de gasolinera. Así el artículo 39 de la Ley 11/2013 reformaba el artículo 43.2 de la Ley de Hidrocarburos y permitía la instalación de gasolineras prácticamente en cualquier sitio, pero recordaba que éstas instalaciones habrían de cumplir con el resto de la normativa vigente que en cada caso sea de aplicación, en especial la referente a metrología y metrotecnia y la protección de los consumidores y usuarios.

Esta reforma se llevó a cabo pese a la sentencia del Tribunal Constitucional de octubre de 2.012 en la que se derogaba parcialmente lo regulado en el RD 6/2000 en los aspectos urbanísticos, sentenciando que el Gobierno Central no podía usurpar las competencias que en materia urbanística tienen las Comunidades Autónomas. Es decir, el TC emite una sentencia y anula parcialmente un RD y el Gobierno, en respuesta, aprueba otro RD convertido posteriormente en Ley que dice lo mismo.

Eso es lo que se llama respeto al Tribunal Constitucional. Así llegamos al año 2.016 y aunque la reforma ha permitido que se pusieran más gasolineras, unas 500 de ellas en régimen desatendido, la CNMC, heredera de la CNE y la CNC, considera que no es suficiente y alega que algunas Comunidades Autónomas están entorpeciendo el funcionamiento de las gasolineras desatendidas porque están exigiendo que se cumplan sus normativas, en especial la referente a metrología y metrotecnia y la protección de los consumidores y usuarios y emite el informe de julio, donde recomienda, sin ningún pudor, que lo mejor es eliminar esas molestas normas y dejar que las gasolineras desatendidas cumplan su papel de proporcionar bienestar al consumidor, mediante la rebaja del precio, estimada según la propia CNMC entre un 1,9 y un 2,7 % del precio final del producto, es decir unos 2,5 céntimos de € por litro, aunque posteriormente, en la página 14 del informe se lance al vacío y afirme: duplicar el número de EE.SS. desatendidas en un barrio supone una reducción de 0,22 ct/l.”

No explica la razón, contradictoria con todas las estadísticas mostradas en páginas anteriores, pero hay que reconocer que como broche final le queda fenomenal. Tanto las Patronales como los sindicatos mayoritarios pusimos de manifiesto, desde finales del año 2.014, lo irregular de la situación real del sector, donde se producía una competencia desleal, al aplicarse unas normas a las gasolineras tradicionales y noaplicárselas a las desatendidas, con la excusa de la imposibilidad de cumplimiento por no tener personal.

Y lo hicimos ante el Ministerio y ante las Comunidades Autónomas. Así fue como algunas Comunidades dispusieron obligatorio la presencia de personal en las instalaciones durante su horario de apertura, y algunas otras que ya lo contemplaban, hicieran más hincapié en el cumplimiento de lo regulado. Es curioso que la CNMC no emitiera otro informe denunciando la situación, ya que incidía en las materias objeto de su existencia, los mercados y la competencia. Sin embargo, sí era consciente de lo que estaba pasando y sí sabía que unas empresas estaban siendo beneficiadas con respecto a otras, rompiendo los más elementales criterios de un mercado en competencia. Por eso se emite el informe y por eso se recomienda que se eliminen todas las normas que no pueden cumplir las gasolineras desatendidas. Muerto el perro se acabó la rabia.

Además, el informe comete errores de bulto que no son habituales. Por ejemplo, define a las cooperativas como instalaciones fijas para consumo en la propia instalación, lo que es una barbaridad técnicamente hablando, para justificar que no estén cumpliendo la normativa que es de aplicación a las gasolineras en general, pero posteriormente sostiene que hay que incorporarlas al mercado como un competidor más, incluso modificando la Ley que las regula para que puedan vender cualquier producto a cooperativistas y púbico en general, ignorando resoluciones y sentencias de la UE y obviando las ventajas de las que son beneficiarias.

No estamos en contra de que existan las cooperativas y de que vendan carburantes a sus asociados para los vehículos afectos a la explotación agrícola. Nos parece que tienen una función específica de gran valor en una actividad tan importante. Pero no olvidemos cuál es su razón de ser. Las cooperativas nacen para resolver necesidades comunes de sus asociados, no para competir en los mercados. Para ser cooperativista en una cooperativa agrícola hay que ser agricultor, es una obviedad, pero para ser agricultor no basta con que, por una módica cantidad de dinero, o gratis, según los casos, se expida un carnet de cooperativista y ya se pueda comprar gasoil y en algunos casos gasolina, para llenar nuestro vehículo particular.

Finalmente recordar nuevamente los principales argumentos por los que no compartimos el informe de la CNMC:
• Propone la destrucción de puestos de trabajo.
• Reduce los derechos de los consumidores
• Elimina los derechos reconocidos a personas con capacidades diferentes
• Disminuye la seguridad de las personas y el medio ambiente
• Propone desregular el urbanismo para poner gasolineras en cualquier sitio
• Confunde los fines de las cooperativas y el objeto para el que fueron creadas