Desde el pasado 8 de junio rige un nuevo esquema en el mercado de combustibles con cambios que se realizaron y otros que están por venir. A su vez, en la Rendición de Cuentas se incluyó un nuevo impuesto a las naftas que sustituirá parte del Impuesto Específico Interno (IMESI) que se cobra y estará vinculado a las emisiones de dióxido de carbono (CO2).
El nuevo marco para el mercado de combustibles supone que Ancap deja de regular toda la cadena y su tarea termina en la planta de distribución. De la regulación en el resto (distribuidoras de combustibles, estaciones de servicio, etc.) se encarga la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea). A su vez, el precio de los combustibles pasó a ajustarse mes a mes, vinculado al Precio de Paridad de Importación (PPI) que calcula la Ursea (esto es si la importación de combustibles estuviera liberada y un importador teórico le compitiera a Ancap).
Como además Ancap tiene sobrecostos asumidos (subsidio indirecto a la actividad del pórtland que es deficitaria, mezcla de agrocombustibles no reconocida en el PPI, subsidio indirecto al supergás, fideicomiso del boleto y un sobrecosto estructural) hay un período de transición en este nuevo esquema. Eso implica que al valor que indique el PPI, se le debe sumar un “factor X” para determinar el precio al público. Ese “factor X” es actualmente de $ 2,97 por litro.
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