"EL DIÉSEL tiene los días contados". Esa frase lapidaria pronunciada este verano por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha contribuido a poner la cruz a los vehículos que utilizan este combustible. Esa amenaza ha generado incertidumbre entre los fabricantes, especializados exclusivamente en España en instalar este tipo de motores; los transportistas, que auguran que se dispararán sus costes, y los usuarios, a la hora de decidir qué coche compran.
El Gobierno central tiene encima de la mesa dos posibles medidas: gravar más a los vehículos que lo usen o aumentar la fiscalidad del propio combustible. Si finalmente se aplican, su consecuencia sería que los ciudadanos verían incrementados los precios de diferentes servicios.
El secretario general de la Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles (Aevecar), Víctor García Nebreda, coincide en que "no tiene sentido" que se grave más porque "catedráticos universitarios aseguran que con las últimas especificaciones los diésel contaminan menos".
PLAN RENOVE. García Nebreda propone que la administración apueste, en vez de por un aumento de la fiscalidad, por un plan Renove con ayudas públicas para retirar los vehículos más antiguos de las carreteras.
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