Más de un año y muchos 'tira y afloja' después, el Consejo de Ministros da este martes luz verde al compromiso suscrito en noviembre de 2023 por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz para reducir la jornada máxima de un promedio de 40 a 37,5 horas semanales. El secretario general del PSOE y la entonces líder de Sumar situaron esta medida, acordada al margen del diálogo social, en el centro de la política laboral de esta legislatura. Pero pulsar el botón de inicio del trámite parlamentario no ha sido precisamente sencillo, y las fricciones entre políticos, sindicatos y empresarios no han servido precisamente para aclarar las incertidumbres de empleados y empleadores.
Desde cuándo entrará en vigor a cómo afectará realmente a las jornadas diarias, sin olvidar su efecto en los salarios e incluso a la inflación son muchas las preguntas que se hacen (nos hacemos) los afectados por un cambio que tendrá un impacto claro en un tejido productivo con un gran porcentaje de empresas de pequeño tamaño, en sectores con lo que se denomina 'uso intensivo de mano de obra' y el que la organización del tiempo de trabajo es una de las variables más relevantes y, a la vez, más delicadas y complejas de gestionar. Sin olvidar que somos el único país de la UE con una tasa de paro de doble dígito.
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