El Ejecutivo comunitario ha sancionado a España con un pago parcial al considerar que el Gobierno no ha cumplido con todos los hitos y objetivos comprometidos en este tramo. Es así que ha reducido el pago final en 1.100 millones por no cumplir con el impuesto al diésel, la digitalización de entidades regionales y locales y la temporalidad de los interinos.
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