Con el fin de regular los pagos en metálico, que son los más difíciles de rastrear y pueden constituir blanqueo de capital o fraude fiscal, la Agencia Tributaria se apoya en la Ley 7/2012, dedicada a la regulación de las limitaciones a los pagos en efectivo, que indica que no se pueden realizar pagos en efectivo que sean igual o superiores a los mil euros.
Para evitar que se produzcan estos actos fraudulentos, en España desde 2021 la normativa indica que no se pueden realizar pagos en efectivo que sean igual o superiores a 1000 euros. En el caso de que la persona que realiza el pago no actúe como persona titular de la empresa profesional sin domicilio fiscal en España, este es de 10.000.
Puede leer la noticia completa en 20 MINUTOS
