El Ministerio de Transportes ha consignado finalmente 560 millones en los Presupuestos Generales del Estado de 2022 para liquidar los contratos de las autopistas quebradas durante la anterior crisis económica. El Consejo de Ministros aprobó esta semana modificar los límites de gasto con cargo al próximo ejercicio con el fin de “atender los efectos derivados de la resolución de varios contratos de concesión de obra pública”.
En concreto, el Gobierno ha estipulado el pago de 1,76 millones por la AP-36 Ocaña-La Roda; 17,7 millones por la madrileña M-12 Eje Aeropuerto; 181,3 millones por la R-4 (Madrid-Ocaña); 304 millones por la R-3 (Madrid-Arganda del Rey) y R-5 (Madrid-Navalcarnero); y 55,2 millones por la AP-41 (Madrid-Toledo). Esos 560 millones extra que se incluirán en los presupuestos para el próximo año se sumarán a los 255,4 consignados al ejercicio 2021, según informó el Consejo de Ministros. En total, 815 millones.
El Ejecutivo tiene pendientes varias vías de gasto por el rescate de las autopistas. Por contrato, tiene que indemnizar a los fondos acreedores de las nueve autopistas rescatadas para compensar las inversiones realizadas por las concesionarias para la construcción de las carreteras y que no dio tiempo a amortizar antes de que quebrasen. Es lo que se denomina la responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA).
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