Con este seguimiento, el organismo comprueba cómo se trasladan al precio de los carburantes las medidas fiscales aprobadas por el Gobierno. Para ello, cuenta con las funciones que le atribuye el Real Decreto-ley 7/2026, incluido en el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio.
Los titulares o gestores de las gasolineras deben comunicar al Ministerio para la Transición Ecológica los precios de los carburantes todos los lunes y cada vez que cambien. A esta obligación se suma el envío de las ventas anuales y de los datos censales de cada instalación, una información que permite al regulador supervisar la actividad del mercado.
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