No hay multa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, menos aún si es millonaria, que no acabe en los juzgados. Ese es el camino que han seguido Repsol y Cepsa, los dos principales distribuidores de carburantes de Galicia, tras ser sancionados con 30 millones por formar cartel y concertar precios en las estaciones de servicio de diversas localidades de España.
El expediente, una resolución del superregulador del 19 de febrero de 2015, es uno de los procesos que continúa pendiente de la sentencia judicial definitiva, después de que Repsol se librara de una multa de 22,6 millones en marzo de este año tras ser acusada de concertar precios en sus gasolineras abanderadas, un procedimiento que afectó de lleno a Galicia y al grupo Lence Torres, los dueños de Leche Río, pues fueron sancionadas con cuantías menores sus dos estaciones de servicio de Lugo. Tanto Lence como Repsol, también las otras tres sociedades multadas (Lorqui, Macarsa y Cerro de la Cabaña), vencieron a Competencia en los tribunales.
El 60% de las gasolineras, en manos de Cepsa y Repsol
Ahora, la compañía que preside Antonio Brufau lleva hasta el Tribunal Supremo otra sanción por el mismo motivo por valor de 20 millones. Aunque en este caso la conducta anticompetitiva habría tenido lugar en otros territorios –Aragón, Cataluña, Ceuta y Castilla y León–, coincide en el tiempo con la otra investigación y con un momento en el que Galicia marcaba año tras año los precios de los carburantes más altos de España.
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