En la pasada cumbre del clima de Glasgow, el Gobierno se comprometió a poner fin a la financiación a combustibles fósiles en el extranjero para finales de 2022. No solo carbón: también petróleo y gas. Sin embargo, la empresa participada por el Estado que protagoniza estos apoyos, la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce), no planea –ni puede– deshacerse de toda su cartera de hidrocarburos para esa fecha. Previsiblemente, no firmarán nuevos contratos: pero se seguirá utilizando dinero público para respaldar a las transnacionales españolas que trabajen en este sector fuera de nuestras fronteras. "Se trata de proyectos en los que el seguro de Cesce cubre una financiación a muy largo plazo por lo que permanecerán en la cartera durante muchos años y su reducción será progresiva", aseguran fuentes de la compañía.
Cesce está participada en un 50,25% por el Estado español. El 23,88% de sus acciones pertenece a Banco Santander, el 16,30% al BBVA, el 3,60% a Banco Sabadell y el resto a otras entidades financieras. Su actividad consiste en asegurar a las empresas que emprenden negocios en el extranjero. Protege tanto a la compañía en sí como a los bancos que conceden préstamos a los compradores, que suelen ser públicos. Por ejemplo: Liteyca S.L., en 2020, obtuvo un contrato por parte de la República Senegal para implantar y desarrollar una red de fibra óptica. El Banco Santander le concedió un crédito al Gobierno africano, y Cesce asegura al Santander "frente al riesgo de impago del crédito concedido al comprador extranjero", como se lee en su informe de actividad. En otros casos, Cesce apoya directamente a la empresa por si el Gobierno de turno no cumple con lo acordado ("como consecuencia de situaciones de violencia política, sucesos catastróficos, medidas del gobierno español o extranjero").
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